En representación del Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante el Pleno Legislativo el proyecto de ley que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, el cual asciende a B/. 26,084 millones. Este presupuesto refleja una reducción del 15% en comparación con la Ley de Presupuesto de 2024, equivalente a B/. 4,605 millones, como parte de una estrategia financiera conservadora.
El desglose del presupuesto asigna B/. 20,530 millones para gastos de funcionamiento y B/. 5,554 millones para inversiones. El proyecto fue elaborado conforme a las disposiciones legales y los lineamientos de la Política Presupuestaria del Gobierno Nacional, con el objetivo de equilibrar las finanzas públicas y promover la estabilidad económica y social del país.
Este presupuesto sigue criterios de racionalidad en el gasto y una cuidadosa disponibilidad de financiamiento, garantizando la inclusión de todas las entradas y salidas en el documento presupuestario. Además, busca asegurar la transparencia en la gestión pública y la obtención de resultados concretos para beneficio de la ciudadanía.
Las proyecciones para el presupuesto se basan en estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un crecimiento económico del 3% para Panamá en 2025, ligeramente superior al de 2024. Asimismo, se estima un crecimiento del PIB nominal del 5% y una inflación estable en torno al 2%. Estas cifras son coherentes, aunque más conservadoras, con las proyecciones de otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL.
En cuanto al entorno global, el FMI ha proyectado un crecimiento mundial del 3.3% para 2025, con desafíos como el aumento de precios, tasas de interés elevadas y la persistente incertidumbre geopolítica, factores que impactan las finanzas públicas a nivel mundial.
Ante este panorama, el gobierno implementará medidas de austeridad y racionalización del gasto público para mejorar la eficiencia y eficacia de las finanzas estatales. Estas medidas incluyen ajustes en aquellos gastos que no se alinean con los ingresos proyectados, redireccionando recursos hacia áreas prioritarias.
Es importante subrayar que la administración actual heredó un déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) del 3.96% del PIB al 30 de junio de 2024, y un sobreendeudamiento del 10.2%, muy por encima del límite del 2% establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Esta situación ha llevado a que en marzo de 2024 la agencia Fitch Ratings degradara la calificación crediticia del país a grado especulativo.
El elevado nivel de endeudamiento restringe la capacidad del Estado para realizar inversiones en infraestructura y otros proyectos clave, debido a la rigidez de los gastos operativos, que incluyen leyes especiales, subsidios y el servicio de la deuda.
