El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó al Consejo de Gabinete el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2025, aprobando un monto de B/. 26,084 millones, reflejando una reducción frente a la ley vigente para 2024 de 15%, equivalente a B/. 5,402 millones, y un déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) del 3% del PIB.
Los supuestos macroeconómicos utilizados para este presupuesto estiman un crecimiento del PIB nominal del 5% para 2025, que incluye una inflación esperada del 2%. Estos pronósticos se basan en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se alinean con estimaciones de organismos como el Banco Mundial y la CEPAL.
El proyecto de presupuesto se diseñó orientado a la optimización de los gastos operativos y al fomento de la inversión pública, a través de un manejo eficiente y transparente de las finanzas públicas del país. Además, sigue los criterios de racionalidad y transparencia para mejorar una asignación adecuada de los recursos finitos, con un enfoque en resultados tangibles para la población.
El Gobierno Nacional evaluó hacer un mayor recorte en los gastos de funcionamiento para poder asignar más recursos a inversiones, lo que no se ha podido lograr por restricciones establecidas en leyes y otros regímenes especiales vigentes.
El escenario económico global sigue siendo incierto, con un crecimiento real proyectado por el FMI del 3.3% para 2025, influido por la inflación global y las tensiones geopolíticas. En respuesta, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino está adoptando medidas para presentar un presupuesto realizable, creíble y responsable que asegure la estabilidad financiera y fiscal que el país merece, y que propicie confianza, fomente la inversión, el consumo y, por ende, el crecimiento económico. Esto incluye la promoción de políticas públicas que impulsen el empleo y el desarrollo, asegurando así un entorno propicio para el bienestar social y la prosperidad de los ciudadanos.
El ministro Chapman subrayó la necesidad de tomar decisiones responsables ante la situación heredada, con un déficit del SPNF no anualizado del 3.96% del PIB a junio 2024 y un sobreendeudamiento del 10.2% sobre el límite permitido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, uno de varios factores que llevaron a una rebaja de la calificación de crédito del país en 2024.
Este escenario obliga al Gobierno Nacional a reorientar, priorizar y ajustar gastos, enfocándose en áreas estratégicas para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo.
El objetivo principal del presupuesto es ser consistente con una estrategia de reducción de déficit fiscal manteniendo la inversión pública en áreas clave, con transparencia y rendición de cuentas, y una clara estrategia para superar los desafíos estructurales actuales.
